Uno de los logros del Paro Nacional ha sido cambiar la agenda pública del país y convertir la desigualdad en el primer tema de preocupación nacional. Y si, hoy el principal problema que agobia a nuestra sociedad y una de sus más viejas deudas es la desigualdad y la segregación social.

Somos la cuarta nación más desigual del mundo. Hay una absurda y desmesurada acumulación de riqueza en manos de muy pocas personas y familias, que proviene de empresas oligopólicas, favores tributarios y legales del Estado, posesión de enormes extensiones de tierra o riqueza proveniente del narcotráfico.

La clase media del país es pequeña, laboralmente explotada y precarizada, paga proporcionalmente más impuestos y es vulnerable, fácilmente caerá en la pobreza con cualquier parón económico, lo que está pasando en estos últimos 24 meses.

La desigualdad y la crisis presente no es producto de decisiones divinas o de la mala suerte, sino de decisiones de hombres y mujeres de carne y hueso que han dejado a la suerte de nuestra economía oligárquica a millones de ciudadanos que viven en la miseria. Mientras unos podrían vivir 500 vidas sin gastar sus fortunas, otros pueden alimentarse solo dos veces al día.

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Esos hombres y mujeres de las oligarquías viven en burbujas de poder y privilegio, y creen además que su riqueza es fruto de su capacidad y los pobres lo son por perezosos y atenidos. Estos megaricos se encontraron con una gran “huelga planetaria” como la llamó el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García o con un “hecho social total” del que habló el periodista francés Ignacio Ramonet, es decir, con esta pandemia, que ha cambiado la política económica hacia lo que algunos llaman Neokeynesianismo económico, es decir, la crisis se resuelve con fuerte inversión pública y mayor intervención estatal.

Hoy muchos de esos que defendían el neoliberalismo de Milton Friedman, reclaman a gritos resucitar a Keynes, así sea en sus justas proporciones como sugirió el exviceministro de hacienda Juan Carlos Echeverry. Y nuestros oligarcas que dicen no querer nada regalado, apelaron al Estado para salvarse. Mientras tanto el Congreso y el gobierno abandonaron a su suerte a micro y pequeños empresarios causando la quiebra de 500 mil sociedades. El empleo se destruyó, el desempleo aumentó, al igual que la informalidad y con ellos, el hambre, la miseria, la violencia y la inseguridad nos rodean mientras las calles se llenan de marchantes y policías violentos.

La élite y la dirigencia han hundido a Colombia en la peor recesión de su historia, producto de su agenda económica profundamente neoliberal, expoliadora y pro rico. La cereza del pastel fue la pésima idea de presentar una reforma tributaria para gravar salarios, pensiones, alimentos y combustibles. Así como en Chile, la subida del pasaje del metro de Santiago fue la chispa que encendió la pradera, en Colombia lo fue esta desastrosa reforma tributaria que pretendió el gobierno y que ya fue derrotada por el pueblo en las calles.

El estallido social, como lo llaman algunos, fue suficiente, para que días después, los mismos empresarios coincidieran con el líder opositor Gustavo Petro en que la mejor reforma tributaria que se puede presentar ahora es dejar sin efecto la de 2019, que fue más una ley para desfinanciar el Estado y reducir los impuestos a las grandes corporaciones acrecentando el déficit fiscal en 10 billones de pesos más que hoy estamos necesitando para alimentar a la gente. La mala propuesta en este momento es enajenar activos públicos, es decir, de todos, entre los cuales está Ecopetrol.

En medio de semejante crisis histórica, Ecopetrol y nosotros sus 30 mil trabajadores le hemos entregado importantes recursos a la nación. También es producto del esfuerzo diario de miles de personas de la cadena petrolera que laboran para que la principal empresa colombiana, entregue resultados positivos en beneficio de todos. Muy distinto a lo que ocurre con muchos fondos de inversión y de pensiones que se quedan con los dividendos que les produce el 9% de las acciones de la estatal petrolera.

Aun así, a pesar de la renta de 2.5 billones que acabamos de transferir al presupuesto general de la nación, un bálsamo en semejante crisis económica, la industria petrolera a pesar de los muchos esfuerzos de la USO, no protege a comunidades y  trabajadores, especialmente los más precarizados, los de empresas tercerizadoras que pululan en la industria y no sienten retribuidos sus esfuerzos.

Las comunidades petroleras, por ejemplo, del Corregimiento de El Centro en Barrancabermeja, donde nació la industria hace más de un siglo, siguen sin acueducto, sin vías, sin un desarrollo alternativo al extractivismo. Lo mismo ocurre en otras regiones del país como el Meta, el Casanare o el Putumayo, donde la explotación petrolera es protagonista, pero reina la pobreza típica de las economías de enclave. La fórmula que encontró el gobierno ahora es canjear obras por impuestos. Se necesitaron 100 años de fallida política de entorno para concluir que la explotación de recursos no renovables debe llevar desarrollo a las regiones, o la ciudadanía se opondrá a ella.

Ahí es donde aparece la USO y sus 25 mil afiliados. El poderoso sindicato petrolero que casi completa un siglo de existencia reclama que, por ejemplo, a los trabajadores tercerizados se les pague retroactivamente el ajuste de salarios que Ecopetrol les debe desde hace 5 años, cuando debió aplicar los mismos salarios que a sus trabajadores directos, porque el decreto 0284 de 1957 así lo exige. La USO también reclama, como lo está haciendo a través de una huelga socio-laboral en los campos del contrato de sociación de Nare ubicados en Puerto Boyacá, inversión social y solución a pasivos sociales y ambientales producto de la actividad humana de explotar petróleo, máxime, cuando el mundo reclama acelerar la transición energética y el abandono de los combustibles fósiles.

En el Paro Nacional que empezó el 28 de abril, la USO también levantó las banderas de la prohibición del fracking, de la generación de empleo social por cuenta de Ecopetrol, de la vacunación masiva como principal estrategia de reactivación económica para el país, de la creación de un Ingreso Básico Temporal y no vender más acciones, así sea, para la “noble” intención de comprar la participación que tiene el Estado en ISA.

También reclamamos que el próximo 5 de noviembre Ecopetrol entre a operar directamente los campos que hoy tiene en sus manos la multinacional Mansarovar Energy, de propiedad de las estatales petroquímicas de la China y la India. Por el momento Ecopetrol ha guardado silencio y no interviene para resolver los grandes reclamos sociales que está haciendo, sobre todo, la juventud popular en Puerto Boyacá y también en decenas de puntos de resistencia a lo largo y ancho del país. La petrolera puede hacer más, y así se lo reclamamos.

Todos estos temas, toda esta agenda nos demuestra que el sindicalismo es clave en una sociedad democrática. Personalmente defiendo un modelo de sindicalismo que no debe ser vanguardia de las transformaciones sociales como pensábamos en el siglo pasado, sino parte de un gran tejido social, al lado, hombro a hombro, con otras organizaciones sociales organizadas o espontaneas, como las que encontramos en este paro y que conocemos como “Primera Línea”.

No concibo una sociedad democrática sin sindicalismo, porque mientras haya trabajo, en cualquier modalidad, habrá quien levante la voz contra la explotación, se organice y se movilice por la igualdad, como siempre lo ha hecho el sindicalismo: la unidad de los muchos para negociar de igual a igual con los pocos poderosos, contra el sistema mismo, el establecimiento. Por eso, a diferencia de otras latitudes el sindicalismo colombiano sigue siendo visto como sospechoso, como enemigo del progreso, como “enemigo interno”, al que hay que eliminar.

Bien lo reconoció la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2012 cuando dijo que: “La libertad sindical es esencial para la búsqueda de la justicia social en el proceso de globalización … Se trata de un derecho humano fundamental de alcance universal, indispensable para el ejercicio de otros derechos. Es un proceso, dotado de un contenido sustantivo, que permite por medio de acciones colectivas, tomar medidas … en favor de la igualdad que beneficien a todos. La libertad sindical está en la esencia de la democracia, desde la base hasta lo más alto de la cúspide del poder.”

Concluyo: el sindicalismo hace rato desbordó las relaciones laborales, a través de la negociación colectiva, hace un ejercicio de redistribución de riqueza, combate la desigualdad social y con ello, cotidianamente participa en política, pues busca hacer realidad para todos y todas los valores,principios y derechos que inspiran nuestra Constitución.