LAS DESIGUALDADES Y EL ESTALLIDO SOCIAL EN COLOMBIA

Por. Luis Emil Sanabria - REDEPAZ

He escuchado algunas personas de mi vecindario, un tanto molestas por las constantes movilizaciones sociales, utilizando palabras de grueso calibre y manifestando su desacuerdo principalmente con los jóvenes quienes, según los vecinos, además de bloquear, aprovechando la protesta, se dedican a saquear almacenes y tiendas de mercado.

No ha sido fácil reaccionar sin apasionamientos a la diatriba que lanzan personas conocidas y vecinos convencidos de que los causantes de toda esta situación de crisis es la gente que sale a manifestarse y en especial la juventud. En una mezcla de pasiones en donde también expresan su total desacuerdo con la corrupción, el egoísmo, el narcotráfico, la politiquería, la avaricia de los banqueros, las importaciones de todo tipo de productos y la pereza de la gente que no quiere trabajar o estudiar.

Ante tantas opiniones un tanto confusas y desinformadas, me he dispuesto a tratar de aclarar -según mi entender y hasta donde me es posible de la forma más pedagógica-, qué es lo que está sucediendo y la razón real del descontento desbordado que le causa molestia y rompe con la comodidad o la rutina de muchos conocidos.

Así que empiezo por decir lo siguiente: Yo creo queridos vecinos, que Ustedes tienen razón en mucho de lo que dicen, pero les pido un poco de su tiempo para que lean este pequeño relato de algo que me sucedió en días pasados.

Estuve hablando con unos jóvenes de esos que llaman de primera línea, allí estaba una joven de no más de 17 años, bastante empoderada (o como dirían algunos conservadores: altanera e irrespetuosa), que tomó la vocería para explicar con sus palabras lo que estaba sucediendo. “Es que nosotros estamos dispuestos a seguir en la lucha, pase lo que pase, es mejor estar en el portal defendiendo lo que pensamos que tener que irnos para la casa a aguantar frio, hambre, a tener que estar encerrados sin nada que hacer, sin poder estudiar y sin trabajo, no hay nada para nosotros, solo salir a parchar todas las noches, los que tienen alguna adicción en un lado, los que les gusta el guaro en otro lado, y los que no metemos nada en otro lado y esperar que la limpieza nos ataque o nos violen en una esquina, o que nos desaparezcan o nos hagan aparecer como guerrilleros. No tenemos como expresar nuestro descontento, poca gente nos escucha, el gobierno no nos ve y prefiere perseguirnos que ayudarnos. Por eso es que hay algunos parceros que no tienen claro para qué es el paro y la resistencia, y salen y aprovechan para darse con los tombos”. 

Con esas palabras como primer acercamiento, desde una joven que siente y sufre la desigualdad, aprovecho para sacar del rincón de mi cerebro todas las cifras y conceptos que posiblemente logren convencerle y tener una nueva persona aliada en la construcción de equidad social en medio del modelo económico que rige nuestra sociedad, o por lo menos dejarla con suficientes interrogantes como para que cuestione los noticieros tradicionales o los discursos populistas que culpa a la protesta legítima, de las desgracias de nuestra sociedad.

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Hay que recordar las cifras de pobreza y desempleo que llevan a la situación de marginación y aislamiento de los jóvenes de las barriadas, al señalamiento constante de su forma de actuar, de vestir o de expresarse y las condiciones sociales (organizaciones), las condiciones políticas (democracia), y la impunidad o uso indebido del derecho para perseguirles.

En Colombia actualmente más de 21 millones de personas sobreviven en la pobreza, más de 7 millones y medio están en la pobreza extrema, es decir sobreviven con menos de 145.000 pesos mensuales y cerca de 1.700.000 jóvenes entre los 14 y 28 años están desempleados, muchos de ellos se acuestan sin comer, jóvenes que ahora llaman NINI, ni estudian ni trabajan, como si esa hubiera sido su decisión y no el resultado de un modelo de sociedad, de un modelo que ni genera, ni garantiza oportunidades. Solo en Bogotá se calcula que hay 410.000 jóvenes desempleados. La mayoría de los jóvenes sin empleo están en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, es decir en las principales ciudades del país, jóvenes que no logramos ver o entender desde los conjuntos residenciales o los condominios. Esa situación, así se quiera presentar de otra forma por quienes han sido responsables de implementar las políticas económicas, es el resultado de planes, programas, proyectos, decisiones que hacen que un pequeño grupo de personas, desde posiciones de poder político y económico, acumulen riqueza desfavoreciendo en general a toda la sociedad, y fomentando cordones de miseria.

Colombia se ubica como el cuarto país más desigual del mundo, solo un poco detrás de Sudafrica, Haití y Honduras. Nos dijeron que vendiendo las empresas del Estado, es decir las empresas que eran de todos los colombianos y colombianas, se solucionarían los problemas de corrupción y de atraso tecnológico, que se prestaría un mejor servicio y que las ganancias de las ventas se invertirían en apoyar la generación de empleo. Pero luego de 30 años de implementación de esas políticas, tenemos un Estado que obtiene sus mayores ingresos de los impuestos, y que además su forma de recaudar esos impuestos no afecta a los más ricos, sino que se sostiene de forma inequitativa sobre la clase media y sobre los más empobrecidos. Los más ricos fuera de no tener una mejor carga impositiva, eluden los pagos, usando los llamados paraísos fiscales ubicados en Panamá, o las Bahamas, entre otros. Esas políticas que traen implícita la corrupción, generan a su vez, una pésima atención y cobertura, buscando por esta vía acumular más “ganancias”.  

Se perdieron los recursos de las ventas de las empresas públicas, se roban los recursos de la salud, de los acueductos, de las carreteras, de la educación, aumentando los niveles de desigualdad. Somos uno de los países más corruptos del mundo, lo que genera pobreza adicional, pero también la puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio, sin ninguna consideración en relación con las empresas nacionales que generaban empleos, más bien produjo despidos y pobreza local. En lugar de modificar las normas que arruinaron nuestra producción, se inventaron aumentar los subsidios directos a la población, creando dependencia económica y pobreza cultural.  Aumentó el narcotráfico de la mano de sectores que han estado en el poder y por esa vía, los canales de lavado de activos que a su vez han utilizado la escases de control al capital y a la banca para acumular riqueza y privilegios.

Con la llegada de la pandemia por el COVID19, se hicieron más evidentes las brechas de desigualdad y se demostró que quienes se enriquecieron con estas políticas no buscaron o promovieron formas para ayudar a sacar a las mayorías de la pobreza y la miseria, sino que al contrario, se expidieron normas que aumentaron la concentración de la riqueza en las multinacionales, los bancos nacionales y transnacionales, que ya se habían apoderado por vía del ahogo económico, las privatizaciones o de la competencia desleal, de la mayoría las empresas, conformando monopolios y oligopolios.

Adicional a lo anterior, también se reconoce la gran desigualdad en la ruralidad colombiana, que podemos afirmar empeoró en los últimos treinta años. Colombia históricamente ha tenido un marcado desequilibrio en el acceso y tenencia de la tierra, y en el desarrollo tecnológico y comercial de los productos agropecuarios generados por campesinos y campesinas. Las fallidas reformas rurales y la progresiva concentración de tierras por vía de empobrecimiento de campesinos, endeudamientos y el despojo mediante el uso de la violencia armada, han hecho que en Colombia solo el 1% de los propietarios tengan el 81% de las tierras, con unidades productivas de más de 1.000 hectáreas, siendo estas además las más fértiles, ubicadas en valles y distritos de riego, construidos con recursos públicos, y el 99% de propietarios rurales solo tengan el 19% de las tierras, con unidades productivas de menos de 5 hectáreas en su mayoría, siendo estas además las menos fértiles, ubicadas en laderas, sabanas o zonas semidesérticas.

Sin embargo, esta situación no explica en su totalidad el estallido social en especial de los jóvenes, y es porque a esta desigualdad económica, hay que sumarle la desigualdad social, el segundo elemento implícito en el discurso de la joven de primera línea.

En Colombia, como en casi todos los países en donde se han implementado esas políticas privatizadoras, también se han incluido en el modelo los componentes sociales y culturales que hacen placentera la vida. Las grandes mayorías hoy no tienen acceso a las artes, al deporte, a la recreación, a la cultura en general, las ofertas del Estado se limitan a arreglar algunos parques o escenarios deportivos, para luego ser privatizados o sobre reglamentados de tal forma que la juventud no logra acceder a estos. La oferta más cercana está ligada a las cadenas del microtráfico, que a su vez, alimentan el poder establecido. Así, especialmente la juventud, se encuentra acorralada en un círculo de pobreza económica y cultural, que la hace vulnerable al reclutamiento en bandas criminales, o a las dependencias de sustancias psicoactivas. Y solo su propio esfuerzo, ligado a los esfuerzos que realizan gestores culturales locales, líderes sociales y comunitarios, hacen posible que emerjan en las barriadas, expresiones artísticas y culturales ligadas principalmente al grafiti, la música, el teatro, la danza, la música, las comunicaciones y la pintura. Son ellos los que luchan a brazo partido, son ellos quienes buscan acompañar a sus vecinos y convencerlos de apartarse de la oferta ilegal o delincuencial.

Como si el panorama no fuera suficiente para generar la crisis social que tenemos, se tiene un tercer elemento, también señalado por la joven que protagoniza este escrito, y me refiero a la injusticia política. La juventud y en general el pueblo colombiano, no cuenta con verdaderos canales democráticos de expresión y decisión política. Nuestra escasa democracia, ya de por sí manoseada por la mafia y la corrupción, padece una profunda enfermedad sistémica, que a pesar de la constitución política nacional, o tal vez por ella, no ha podido extirpar. Un exceso de representatividad que coloca el énfasis en las elecciones y los partidos, un exagerado centralismo que convierte al mandatario en una especie de dictadorzuelo, una alta dosis de exclusión y de intolerancia que no permite escuchar y dialogar para construir soluciones, pactar y cumplir acuerdos, una democracia desequilibrada que debilitó la independencia de los poderes del Estado y puso a la justicia al servicio de la impunidad y la persecución política; una democracia debilitada y secuestrada, en detrimento de la participación real y efectiva que reconozca la organización y la protesta social como parte fundamental de la misma, que avance hacia mayores niveles de descentralización política y administrativa incorporando y respetando la autonomía de los gobiernos locales, que respete a quienes piensan diferente, que incluya las democracias indígenas y afrodescendientes,  que se proponga el reconocimiento de otras expresiones políticas, culturales y étnicas, una democracia que legitime desde la ética política a todas las ramas del poder y que avance hacia la superación de la impunidad, que controle y desmonte las doctrinas de seguridad que ponen el énfasis en la represión y el uso excesivo de la fuerza en poder de militares y policías.

Queda pues más o menos sustentado que la crisis, no es producida por quienes usan el legítimo derecho a la movilización y la protesta, y que esta puede haberse desgastado y ocultado, ante la estrategia negacionista del Gobierno, pero que de no ser abordadas con suficiente seriedad y compromiso, tarde que temprano volverán las protestas y los enfrentamientos. No es ocultando negando la enfermedad como se encuentran las soluciones o la cura.

Tenemos en la democracia, a pesar de sus problemas, una oportunidad irrepetible en el próximo año 2022, las elecciones a Congreso de la República y a la Presidencia, en nuestras manos está, que avancemos con decisión hacia la cura de los problemas estructurales del país, o mantener la actual ruta hacia mayores niveles de injusticia capaces de generar un nuevo estallido social y político, que seguramente será reprimido violentamente causando como en este año, muerte, desapariciones, destrucción y desesperanza. Las crisis de la democracia, se curan con más y mejor democracia.

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