La integración económica en Latinoamérica y el Caribe se promovería en mejor medida si se adoptaran políticas económicas de mínima intervención del Estado, bajos impuestos, cero monopolios, siempre en respeto y defensa del medio ambiente, retomando la costumbre como fuente principal de derecho.

Permitir crear riqueza mediante por ejemplo el desarrollo de economías de escala, sin garantizar un control adecuado sobre el medio ambiente puede conducir a futuras consecuencias funestas para la humanidad.

Actualmente, existen Zonas Económicas Especiales (ZEE o SEZ), zonas de libre comercio (FTZ), zonas de procesamiento de exportaciones (EPZ), zonas libres (FZ), parques industriales (IE), puertos libres, zonas de emprendimiento urbano, zonas francas de las américas, etc. donde se aplican leyes especiales orientadas a desarrollar economías de libre mercado.

En Colombia, mediante la Ley 1955 de 2019, se estableció un régimen especial que permite acceder a beneficios en materia tributaria y aduanera en varios Departamentos, así como en ciudades capitales.

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Hoy, en el mundo, hay más de 5500 zonas económicas especiales, distribuidas en 195 países, y más de 500 nuevas zonas proyectadas. Cerca de 500 zonas económicas especiales están ubicadas en la región de Latinoamérica y el Caribe, representando menos del 10% a nivel mundial.

En estas zonas económicas especiales, a pesar de facilitar el libre comercio, aún subsiste mucha intervención de sus Estados miembros que desmejora la posibilidad de crear riqueza desde la expansión de las ideas, propiedad intelectual, y fuerza empresarial.

Bajo tal premisa, cuando el Estado planifica, controla e impone regulaciones que rigen los mercados se forma un círculo vicioso consistente en crear más regulación para resolver los problemas que surgen como consecuencia de regulaciones anteriores. Al imponer barreras arancelarias, aduaneras, fiscales, etc, por ejemplo, entre países miembros, se genera una ruptura o desequilibrio en el mercado que facilita la creación de nuevos monopolios, carteles de precios, competencia desleal, corrupción, dumping, etc.

Tal debilitamiento económico es producto de regulaciones deliberadas y planificadas por Gobiernos que pretenden a partir de predicciones artificiales resolver o controlar el comportamiento e intereses de los individuos. Esto es un error puesto que no es posible cuantificar la acción humana como lo intentaron y fracasaron modelos colonialistas, centralistas, socialistas, fascistas, nazistas, peronistas, comunistas, keynesianos, mercantilistas, monetaristas, etc.

La fascinación latinoamericana por el positivismo jurídico, se quedó en la idea de que el Estado iba a solucionar los problemas de la sociedad, sin embargo, no hemos podido superar esta falacia durante toda nuestra historia.

En contra de las políticas económicas libres, sus detractores han desvirtuado expresiones como la “libre competencia” y “mercados abiertos”, al incorporar falazmente en su estructura la imposición, entre otros, de gasto público, deuda Estatal, déficit fiscal, y debilitamiento de la división de poderes, comprometiendo vigencias futuras y concesiones a muy largo plazo. Estas no son políticas de economías libres. Esto bajo cualquier lógica se llama corrupción. Cuando el Estado otorga privilegios a algunos, el resto de la población financia esos privilegios. Los empresarios que buscan favores del Estado, y denigran de la expresión privatización, la utilizan para transferir los monopolios estatales a los monopolios privados.

Los padres fundadores que estructuraron la política económica para EEUU facilitaron el comercio y la creación de riqueza gracias a la visión de permitir para su comercio un mercado libre, bajos impuestos y sin ayudas extranjeras. Hoy en día en EEUU y en otras potencias económicas no ocurre lo mismo, pues sus líderes permiten en sus territorios regulaciones con excesiva intervención del Estado, subsidios y ayudas a su población, diferente a lo ocurrido cuando crearon sus riquezas.

No se extraña que las potencias económicas insistan mediante organismos internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario internacional, CEPAL, consenso de Washington, etc, en traer a los países latinoamericanos propuestas donde continúen las estrategias de ayudas generalizadas a través de endeudamiento impagable con la falacia del proteccionismo, incentivos, subsidios y planificación. Para nadie es un secreto que una vez llegan tales ayudas e incentivos a cada país Latinoamericano, se crea más pobreza y corrupción; sin olvidar que los destinatarios de tales ayudas tampoco las reciben, y las recibidas se traducen en pago de favores políticos.

En la falacia proteccionista, la eficiencia de los grupos de presión y poder que se benefician de ella, premia las actividades ineficientes a sacrificio de las eficientes, empobreciendo al país entero. Esta es una de las tantas razones por las cuales las organizaciones internacionales sugieren para los pueblos latinoamericanos que a través de los impuestos se distribuya la riqueza, es decir que se graven los rendimientos para luego distribuirlos a través de la seguridad social, por ejemplo. Gravar con altos impuestos los rendimientos de inversiones de capital comporta medidas que alejan la competitividad e inversión del país. Los impuestos progresivos que gravan por ejemplo el 1% al que gana $100, y el 30% al que gana $1000, distorsionan al mercado. No dejan crecer al que mejor satisface los intereses de los demás, y quita incentivos a aquel que satisface en mejor medida el proyecto de vida y utilidad marginal de los demás.

Las potencias económicas para no perder sus estatus y liderazgos, seguirán proponiendo para América latina megaproyectos y no el fomento de la micro empresa dentro de un mercado libre y espontáneo que constituya para estos pueblos una verdadera solución de crecimiento natural y paulatino según sus fortalezas, como por ejemplo economías agrícolas.

La escuela de economía libre enseña entre otros temas que la productividad es alta si se invierte mucho capital que libera costos y reduce mano de obra, o capital inmaterial como propiedad intelectual e industrial que desarrolla ciencia y tecnología; además, que la economía de un país crece siempre que se adopten bajos impuestos o los suficientes para una infraestructura mínima que facilite el libre comercio.

No es un juego de suma cero donde el rico se hace a costa del pobre, sino que por el contrario lo que busca una economía libre son resultados positivos de todos sus miembros dado que la colaboración espontánea en función del precio y necesidades de satisfacer bienes y servicios produce más de lo que individualmente puede producir cada uno. Así es como se enriquece la sociedad, con intercambios. Cualquier reforma que cree incentivos a la productividad generan riqueza. Si cada uno hace lo que mejor sabe hacer, se distribuye más eficientemente el tiempo y mejora las fortalezas de cada economía.

La distribución de riqueza artificialmente a través de monopolios, impuestos y corrupción quita incentivos para crear riqueza y para tomar mecanismos de precaución eficiente. En esta lógica mercantilista se ha movido durante siglos la historia de América latina. Los empresarios no compiten por satisfacer las necesidades y recursos escasos del consumidor sino por favores políticos y privilegios. Se debe crear riqueza real y no aumentar la oferta monetaria, ni tipos de interés artificiales que crean inflación cuyo resultado es una estafa, además de traducirse en el impuesto a la pobreza. Viola el principio del óptimo de pareto. Es mercantilismo. No es una economía libre. Por ejemplo, cada vez que la banca central sube o baja, encajes bancarios, y tasa de cambio, sólo hace daño por intervención del Estado en la economía. En una economía libre los bancos actuarían en competencia reduciendo sus tasas de captación.

De adoptar las lógicas del mercado libre, entenderíamos que se trata de órdenes no deliberados o espontáneos que se rigen por principios universales como el lenguaje o el dinero cuyo origen nadie puede explicar; se crean en forma espontánea por intereses, diversidades y circunstancias infinitas. Por ejemplo, la competencia cumple su función cuando no prohíbe a otros competidores el ingreso al mercado; en caso contrario, se trata de un monopolio, competencia desleal, etc.

Los fenómenos del mercado libre nadie los planifica; con ellos, el hombre libre los utiliza para crear riqueza y mejorar su bienestar dentro de un contexto de mercados desiguales e imperfectos. De igual forma, el mercado libre no necesita regulación ni intervención excesiva; simplemente se autorregula y se auto ordena en forma natural; gana quien acierte en mejorar la satisfacción de los intereses de los demás, dentro de un marco de libertad, limitado por el respeto ajeno, y el derecho del otro.

La relatividad en los precios, por ejemplo, permite un comercio libre dado que cada precio transmite conocimiento implícito que ajusta el comportamiento de cada agente económico a la situación actual del mercado y permite tomar decisiones racionales, fácilmente comparables. Establecer una política de precios fijados por el Estado es crear corrupción.

La oferta, la demanda y la competencia libre, con mínima intervención estatal, sin monopolios se encarga de ajustar los precios y competidores, sin necesidad de regular el antidumping o las burbujas creadas artificialmente por ciertos intereses de poder. Los precios compiten por la satisfacción de los intereses. Las empresas ganan si sus costos están por debajo de los fijados naturalmente por la oferta y demanda del mercado libre. En caso contrario aparecen las liquidaciones forzosas o quiebras.

No obstante las bondades que ofrecería adoptar una política de comercio libre, en las Constituciones Políticas de varios países Latinoamericanos, su estructura política, social y económica distorsionan gravemente el intercambio de bienes y servicios, y no permiten el equilibrio económico de forma natural en el comercio interior y exterior en cada uno de sus países miembros al contener en ellos componentes fuertes de planificación, control, regulación, Estado bienestar, intervención excesiva del Estado, políticas de subsidios, impuestos muy altos que gravan la riqueza y permiten su redistribución, imposición de precios máximos o mínimos, barreras arancelarias, impuestos por fronteras y aduanas, estímulos creados artificialmente, entre otros.

Con este panorama latinoamericano se entienden las dificultades en cumplir el mandato constitucional contenido en el preámbulo de la Constitución Política Colombiana referido al compromiso de impulsar la integración de la comunidad Latinoamericana, así como la promoción de la integración económica, social y política con América Latina y del caribe.

Como corolario de las ideas esbozadas, para la creación de un mercado libre y de economías eficientes a largo plazo, se requiere respetar la libertad de Empresa, los contratos y el derecho a la propiedad privada, bajo normas comunitarias mínimas expresadas mediante costumbres registradas como fuente de derecho que permitan el comercio libre en América Latina y del Caribe, que se garanticen dentro de un marco del respeto por el debido proceso, muy sólido y eficaz, que proteja la inversión, garantías y transacciones efectuadas, logrando en sus agentes económicos incentivos en tomar precauciones eficientes para su cumplimiento.

En tal sentido, si el Estado no es capaz de mantener el orden, la seguridad jurídica, el Estado de derecho, con un sistema judicial que funcione, seguirán naciendo monopolios, corrupción, etc. y en consecuencia seguirá creciendo la informalidad por tratarse de una estructura institucional ineficiente.

En el Estado de derecho, la ley es un límite al poder. En el Estado de legalidad, la ley es un mero reflejo del poder mercantilista de países que mantienen a América Latina en la pobreza.

Para el análisis económico del derecho, que nace en 1937 con Ronald Coase, con el texto «la naturaleza de la empresa» como un diálogo entre la economía y el derecho, éste último, es una consecuencia de la acción humana que estudia los costos y beneficios de las instituciones y su mayor o menor eficiencia, partiendo de la base que el derecho es costoso y que no todo régimen jurídico es igual. No es positivismo o iusnaturalismo o neoconstitucionalismo, etc.

El Estado de derecho no es Estado de legalidad porque el derecho es costoso, no es gratuito. El derecho es asimétrico, es decir, una misma ley no les cuesta igual a dos personas, y es inversamente proporcional al ingreso de la población, pues le sale más costoso a una persona pobre cumplir la ley que a un rico, que puede prever en mejor medida los costos de transacción y externalizar sus riesgos a través de la previsión y los seguros.

Bajo tal premisa, la corrupción es un efecto y no una causa, producto de una eficiente o deficiente estructura institucional; la corrupción será la consecuencia de una ley muy costosa que la mayoría de la población no puede cumplir al requerir más tiempo e información para cumplirla. Toda barrera al mercado genera una ley ineficiente. Así, el que paga por el soborno toma como una especie de seguro para evitar que le apliquen la ley ineficiente. Es decir, le conviene más pagar el soborno o las indemnizaciones premeditadas que cumplir la ley ineficiente. Por el contrario, toda ley eficiente que introduzca competencia, eliminando el monopolio hace más eficiente el mercado.

Cuando el costo de cumplir la ley excede el beneficio de quien la debe cumplir, la misma ley incentiva su incumplimiento. Cuando es costoso e ineficiente obedecer la ley, esta se incumple, y se pasa a la costumbre como fuente de derecho. El mercado informal o la costumbre genera entonces más incentivos que la ley ineficiente. Latinoamérica ha sobrevivido en su economía gracias a la informalidad y a la costumbre. Por qué no formalizar esta lógica que sobresale en la realidad latinoamericana. Se trata de la informalidad y la costumbre como órdenes jurídicos, en competencia con el positivismo, que resultan más útiles para satisfacer el mercado y la integración latinoamericana.