¿Es posible la integración económica de Latinoamérica y del Caribe bajo un sistema
comunitario de libre mercado, con mínima intervención de cada Estado miembro?

Actualmente, en el mundo existen Zonas Económicas Especiales (ZEE o SEZ), zonas de libre comercio (FTZ), zonas de procesamiento de exportaciones (EPZ), zonas libres (FZ), parques industriales (IE), puertos libres, zonas de emprendimiento urbano, zonas francas de las Américas, etc., donde se aplican leyes especiales orientadas a desarrollar economías de libre mercado. La primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se reunió en Ginebra en 1964.

La finalidad de estas zonas económicas es incrementar la inversión extranjera directa, donde se permite producir bienes a un menor precio y mayor libertad para su comercio y mayor competitividad.

En Colombia, mediante la Ley 1955 de 2019, se estableció un régimen especial que permite acceder a beneficios en materia tributaria y aduanera, en varios Departamentos, así como en ciudades capitales.

Actualmente, en el mundo hay más de 5500 zonas económicas especiales, distribuidas en 195 países, y más de 500 nuevas zonas proyectadas. Cerca de 500 zonas económicas especiales están ubicadas en la región de Latinoamérica y el Caribe, representando menos del 10% a nivel mundial.

Como vemos, en estas zonas económicas especiales, a pesar de facilitar el libre comercio, aún subsiste mucha intervención de sus Estados miembros. Sin embargo, ¿Es posible menos intervención del Estado para desarrollar el libre comercio, e incluso para proveer las necesidades de orden público, externalidades negativas, etc., denominadas como fallas del mercado?

Para acercarme a esta cuestión, pongo en consideración algunas ideas del liberalismo económico, que fueron estudiadas y ejecutadas por países como Inglaterra, Estados Unidos, Japón, etc., con las cuales se les facilitó el libre comercio y crecimiento económico.

Un sistema de Gobierno Federal, facilitó el desarrollo económico dada la autonomía que mantuvo a cada uno de los países integrados, pero nada obsta que pueda darse dicho desarrollo económico, incluso entre países cuyo sistema de gobierno sea diferente; es decir, para construir riqueza no son principalmente las formas de gobierno, sino la adopción de economías que faciliten el libre mercado con mínima intervención del Estado o de Estados miembros, y no sólo beneficios aduaneros y tributarios como ocurre con las zonas económicas especiales.

Cuando una economía tiene intervención del Estado que planifica, controla e impone regulaciones que rigen el mercado, se forma un círculo vicioso, consistente en crear más regulación para resolver los problemas que surgen como consecuencia de regulaciones anteriores.

Por ejemplo, al imponer barreras arancelarias, aduaneras, fiscales, etc., entre países miembros, se genera una ruptura o desequilibrio en el mercado, que obliga a los países que así actúan, a sancionar nuevas leyes para la supervisión de dichas medidas.

Consecuentemente, los errores que surgen al obstaculizar un orden natural perteneciente al comercio libre, genera nuevos problemas como monopolios, carteles de precios, competencia desleal, corrupción, dumping, etc., que requieren de más leyes para solucionarlos parcialmente.

Para evitar tal debilitamiento económico, no se necesita una regulación deliberada y planificada por un Gobierno que pretenda, a partir de predicciones artificiales, resolver o controlar el comportamiento e intereses de los individuos. No es posible cuantificar la acción humana.

La libertad es un valor y un instrumento de asignación económica de recursos dada la escasez de los medios que generan bienestar; la información y el conocimiento son dispersos y confusos; nadie puede planificar, controlar ni dirigir, como lo intentaron y fracasaron modelos colonialistas, socialistas, fascistas, nazistas, peronistas, comunistas, clericales, keynesianos, ahora mercantilistas, monetaristas, etc.

La excesiva intervención del Estado desmejora la posibilidad de crear riqueza desde la expansión de las ideas (propiedad intelectual) y fuerza empresarial. Actualmente, las potencias económicas como EEUU e Inglaterra que ya tienen acumuladas sus riquezas, permiten en sus territorios regulaciones falaces equivalentes a las de los países pobres, es decir con excesiva intervención del Estado, subsidios y ayudas a su población, quizá por estrategias de comercio internacional, que muestran falazmente las bondades de la planificación y proteccionismo.

No se extraña, que las potencias económicas insistan mediante organismos internacionales en traer a los países latinoamericanos, propuestas donde continúen las estrategias de ayudas generalizadas a través, por ejemplo, de endeudamiento impagable con la falacia del proteccionismo, incentivos, subsidios y planificación.

Para nadie es un secreto que, una vez llegan tales ayudas e incentivos a cada país Latinoamericano, se crea más pobreza y corrupción; sin olvidar que los destinatarios de tales ayudas tampoco las reciben o las reciben parcialmente.

Las organizaciones internacionales sugieren para los pueblos latinoamericanos que a través de los impuestos se distribuya la riqueza, es decir que se graven los rendimientos para luego distribuirlos a través de la seguridad social, por ejemplo.

Sin embargo, estas potencias económicas saben que las políticas de subsidios, protección e intervención excesiva del Estado son un error. Gravar con altos impuestos los rendimientos de inversiones de capital comporta medidas que alejan la competitividad e inversión del país; es decir, toda ayuda sistemática genera incentivos perversos que condenan a la pobreza a quien los recibe. La fuente de la corrupción es la discrecionalidad de afectar los patrimonios privados.

Las potencias económicas para no perder sus estatus y liderazgos, seguirán proponiendo para América latina megaproyectos y no el fomento de la micro empresa dentro de un mercado libre y espontáneo que constituya para estos pueblos una verdadera solución de crecimiento natural y paulatino según sus elecciones.

En lugar de recibir asesorías erróneas, por más benévolas que se muestran, debemos tomar el ejemplo de las políticas económicas adoptadas por las potencias económicas, pero cuando se hicieron ricas; no sigamos las recomendaciones actuales sobre planificación, intervención y subsidios que son falaces.

Entre los buenos ejemplos de políticas económicas basadas en la escuela económica Austriaca e inglesa, encontramos que, entre más libertad económica, mayor ingreso de sus habitantes; que a menor regulación genera menores costos en desarrollar la empresa, menor informalidad económica y más crecimiento económico, así como más productividad y riqueza; que, a mayor flexibilidad laboral, mayor ingreso laboral y condiciones de empleo, etc.

Estas escuelas de economía enseñan que la productividad es alta si se invierte mucho capital que libera costos y reduce mano de obra, o capital inmaterial como propiedad intelectual e industrial que desarrolla ciencia y tecnología; además, que la economía de un país crece siempre que se adopten bajos impuestos o los suficientes para una infraestructura mínima que facilite el libre comercio.

Dentro de un mercado libre, la competencia cumple su función cuando no prohíbe a otros competidores el ingreso al mercado; en caso contrario, se trata de un monopolio, competencia desleal, etc.

Los órdenes no deliberados o espontáneos se rigen por principios universales como el dinero, las leyes de la física o el lenguaje cuyo origen nadie puede explicar.Simplemente o se descubren o se crean en forma espontánea por intereses, diversidades y circunstancias infinitas.

Son fenómenos que para su perfecto funcionamiento nadie los planifica; con ellos, el hombre libre los utiliza para crear riqueza y mejorar su bienestar dentro de un contexto de mercados desiguales e imperfectos. De igual forma, el mercado libre no necesita regulación ni intervención excesiva; simplemente está ahí, Invisible. Se autorregula y se auto ordena en forma natural; gana quien acierte en mejorar la satisfacción de los intereses de los demás, dentro de un marco de libertad, limitado por el respeto ajeno, y las normas previstas.

La relatividad en los precios permite un comercio libre. Cada precio transmite conocimiento implícito que ajusta el comportamiento de cada agente económico a la situación actual del mercado y permite tomar decisiones racionales, fácilmente comparables.

Los precios como un imán vuelven a sus medias de mercado. La oferta, la demanda y la competencia libre, con mínima intervención estatal, se encarga de ajustar los precios y competidores, sin necesidad de regular el antidumping o las burbujas creadas artificialmente por ciertos intereses de poder.

Las empresas ganan si sus costos están por debajo de los fijados naturalmente por la oferta y demanda del mercado libre. En caso contrario aparecen las liquidaciones forzosas de sociedades mercantiles.

En las Constituciones de varios países Latinoamericanos, su estructura política, social y económica contiene componentes fuertes de planificación, control, regulación, Estado bienestar, intervención excesiva del Estado, políticas de subsidios, impuestos muy altos que gravan la riqueza y permiten su redistribución, imposición de precios máximos o mínimos, barreras arancelarias, de fronteras y aduaneras, permisión de estímulos creados artificialmente, entre otros que distorsionan gravemente el intercambio de bienes y servicios que no permiten el equilibrio económico de forma natural en el comercio interior y exterior en cada uno de sus países miembros.

Con este panorama de intervención estatal, se entienden las dificultades en cumplir el mandato constitucional contenido en el preámbulo de la Constitución Política colombiana referido al compromiso de impulsar la integración de la comunidad Latinoamericana, así como la promoción de la integración económica, social y política con América Latina y del caribe.

Finalmente, para la creación de un mercado libre y de economías eficientes a largo plazo, tal y como lo han hecho durante siglos las economías de libre mercado, se requiere respetar la libertad de Empresa, los contratos y el derecho a la propiedad privada, bajo normas comunitarias mínimas expresadas por ejemplo mediante principios de comercio libre para América Latina y del Caribe, similar a los principios
UNIDROIT, que los garanticen dentro de un marco de legalidad y debido proceso, muy sólido y eficaz, que proteja la inversión, garantías y transacciones efectuadas, logrando en sus agentes económicos incentivos en tomar precauciones eficientes para su cumplimiento.