Con el propósito de considerar el nuevo orden económico que me propongo analizar, tendré en consideración una de las tantas definiciones de la integración económica, como el proceso a través del cual, los países participantes convienen eliminar los derechos arancelarios y las restricciones de todo orden, a las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios, pudiendo estas medidas acompañarse de políticas comunes en lo económico y social, con el fin de ampliar los mercados separados, en uno solo.

Con este concepto y teniendo en cuenta el nuevo mapa político colombiano y el de los países de la región hemisférica, el cual trae consigo nuevas corrientes de pensamiento cultural, social y económico, se vislumbra un nuevo esquema de integración, toda vez que los actuales modelos se han venido agotando al no cumplirse todos los objetivos acordados.

Si al agotamiento le agregamos el acaecimiento de la pandemia del COVID 19, con mayor razón hay que pensar en un nuevo ordenamiento de integración socio-económico.

Para entender este nuevo ordenamiento, repasemos los modelos de integración latinoamericana desde la creación del primer Tratado de Montevideo en 1960, estableciendo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que luego dio origen a la ALADI en 1980, en el que el común denominador es que se han venido negociando acuerdos sencillos que sólo se concedían preferencias arancelarias, y con el transcurrir de los años, o de los gobiernos, se han hecho más complejos, introduciéndoles mecanismos de comercio como requisitos técnicos y de origen, que han favorecido a los países más desarrollados, dadas sus ventajas de infraestructura productiva.

Publicidad

A raíz de estas complejidades y efectos adversos para los países menos desarrollados, éstos han solicitado renegociaciones, como ha ocurrido en el marco de acuerdos, como el MERCOSUR, el CARICOM, la CAN y el mismo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En efecto, de una simple preferencia arancelaria en los acuerdos de primera generación entre los países firmantes, en los años iniciales, se han introducido requisitos de origen, laborales, ambientales y técnicos a los productos y servicios, lo cual ha llevado a crear mesas de negociación por temas.

Ahora, revisando los objetivos perseguidos, como un mercado ampliado, y por ende, una mayor actividad industrial y más empleo, se lograron en los primeros años, pero luego se fueron reduciendo, y los países menos desarrollados han perdido parte de su desarrollo, ampliándose la brecha frente a los más desarrollados.

Ante esta situación, desde 2012 los 33 presidentes latinoamericanos que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), han buscado mecanismos de fortalecimiento de su cooperación mutua, y se han utilizado las instituciones y organismos regionales para sellar acuerdos en este sentido, pues así lo hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Y justamente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer su informe anual sobre el estado Económico de América Latina y el Caribe 2022, en el cual proyecta un crecimiento económico para el presente año de 2,7% promedio, en un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas que están golpeando a las economías de la región.

Según el informe presentado en Chile, la actual crisis de la región ha llevado a un bajo crecimiento y aceleración inflacionaria que presenta la economía global lo que, junto al menor crecimiento del comercio, la apreciación del dólar, y el endurecimiento de las condiciones financieras globales, afectarán negativamente a los países de la región.

Además, agrega el informe que al complejo escenario interno de la región, se agrega un escenario internacional en donde la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania ha ocasionado crecientes tensiones geopolíticas, un menor dinamismo del crecimiento económico global, una menor disponibilidad de alimentos y aumentos del precio de la energía, que han incrementado las presiones inflacionarias que venían produciéndose como resultado de los choques de oferta, generados por la pandemia del COVID-19.

Ahora, llegando a la reciente reunión de la Asamblea General de la ONU, celebrada en este mes de septiembre en los estados Unidos, pudimos observar y escuchar que los presidentes latinoamericanos de los países de menor desarrollo, reclamaron a los presidentes de las grandes naciones desarrolladas, reducir la deuda económica a cambio de más inversión en lo social y ambiental, es decir mayor cooperación.

Si no se pone atención a estas reclamaciones, seguiremos teniendo estallidos sociales en los países de menor crecimiento por falta de oportunidades laborales, lo cual es perjudicial para unos y otros, toda vez que el desplazamiento de personas a los países receptores, les crea un problema social, y a los países que abandonan, se les presenta una fuga de cerebros y de mano de obra necesaria.

En conclusión, para frenar o disminuir estos nefastos efectos socioeconómicos, se requiere una mayor inversión productiva de los países más industrializados en aquellos de menor desarrollo, para que su reactivación industrial pueda generar empleo, educación, transferencia de conocimientos y la autosuficiencia económica de los menos favorecidos.

La apertura económica, más conocida como la globalización, ha traído efectos económicos contrarios en detrimento de las pequeñas economías, desbalance comercial, desindustrialización, descapitalización de los Estados por reducción de ingresos arancelarios.

El establecimiento de políticas públicas de promoción a la inversión y favorecimiento a la producción en las pequeñas economías, tal como lo hacen los países industrializados, generando empleo y consecuentemente, distribución de la riqueza.